Madrid, 29 de junio de 2026: Propietarios de la urbanización más grande de Europa —Eurovillas, ubicada en los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, cuyos orígenes se remontan al año 1968— ha iniciado una ofensiva legal e institucional definitiva. Los propietarios organizados bajo la plataforma vecinal Adelante Eurovillas han registrado dos escritos formales ante ambos Ayuntamientos para exigir la recepción de la urbanización, la disolución de la Entidad de Conservación y el cese inmediato del pago de las cuotas obligatorias. Asimismo, en fecha de 8 de enero de 2026, presentaron recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, contra los actos del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas.

Esta contundente reclamación administrativa llega firmemente avalada por un informe favorable del Defensor del Pueblo de España a instancia de un propietario de la urbanización. La institución estatal ha dictaminado la necesidad de resolver de una vez por todas una situación de provisionalidad anacrónica que se prolonga ya durante 58 años, vulnerando los derechos de los propietarios.

La situación afecta a casi 4.000 parcelas y cerca de 12.000 vecinos, lo que convierte a este conflicto urbanístico en uno de los más multitudinarios y longevos de toda la Comunidad de Madrid. El colectivo de afectados denuncia una flagrante situación de «doble imposición»: los residentes abonan religiosamente sus impuestos locales (como el IBI, tasas municipales, etc.), pero a la vez se ven obligados a financiar a través de una entidad privada de adscripción obligatoria el alumbrado público, el saneamiento, limpieza de viales, jardinería y la seguridad de unos viales que deberían ser de uso y mantenimiento estrictamente público.

A raíz del amparo del Defensor del Pueblo, el escrito emplaza formalmente a las tres administraciones públicas implicadas (Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo) a asumir sus competencias legales compartidas y a coordinarse para poner fin a este abuso de derecho. La jurisprudencia española determina de forma unánime que las entidades de conservación no pueden perpetuarse indefinidamente una vez que el suelo está completamente consolidado, consolidación que en Eurovillas es una realidad evidente desde hace décadas.

La representación de los vecinos advierte de que, tras el rotundo espaldarazo de la máxima institución de derechos ciudadanos del país, no cejarán en su empeño. Si los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid persisten en su inacción y continúan ignorando el dictamen del Defensor del Pueblo, el colectivo vecinal emprenderá acciones judiciales masivas por la vía contencioso-administrativa, exigiendo además responsabilidades patrimoniales por los perjuicios causados durante años.